Uno de los conflictos institucionales más graves del Poder Judicial explotó ayer, cuando los 25 jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil firmaron una acordada en la que rechazan cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La decisión del máximo tribunal ordenaba que las apelaciones de la Cámara fueran remitidas al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad de Buenos Aires, pero los magistrados civiles se negaron a seguir esa jurisprudencia.

Esta medida no solo cuestiona la autoridad de la Corte, sino que también reaviva la histórica resistencia de los tribunales nacionales con sede en la Ciudad de Buenos Aires a ser traspasados a la órbita porteña. La disputa surge de la interpretación de la Constitución Nacional reformada en 1994, que según la Corte obliga a trasladar la justicia nacional a la Ciudad.

El caso Levinas: el detonante del conflicto

El desencadenante de la controversia fue el "caso Levinas", en el que los herederos del artista plástico León Ferrari demandaron al marchand y periodista Gabriel Levinas por la administración de sus obras. La Corte Suprema, en diciembre pasado, ordenó que el caso fuera enviado a la justicia porteña, lo que fue interpretado como una señal inequívoca de que el STJ debía convertirse en la instancia de apelación de los tribunales nacionales. La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Sin embargo, tras el fallo, Maqueda se jubiló, lo que los camaristas interpretan como una señal de debilidad en la postura de la Corte.

Argumentos de la Cámara Civil

En su acordada, los jueces civiles esgrimen que la Corte Suprema se excedió en sus atribuciones al crear "pretorianamente" una vía recursiva que no está contemplada en la legislación nacional. Afirman que:

• La decisión de la Corte vulnera el principio constitucional de inamovilidad de los jueces.

• La Ciudad de Buenos Aires no es equiparable a una provincia en términos jurisdiccionales.

• No existe un mandato constitucional que obligue al traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad.

• La resolución colisiona con leyes nacionales vigentes.

Además, los camaristas consideran que la postura de la Corte Suprema podría generar "un efecto altamente negativo, que podría llevar a la parálisis del sistema judicial" en la Capital Federal.

Una disputa sin resolución a la vista

La negativa de la Cámara Civil a acatar el fallo de la Corte Suprema abre una grave crisis institucional en el Poder Judicial. Mientras la Corte insiste en que los tribunales nacionales deben quedar bajo la órbita porteña, los jueces nacionales se resisten con argumentos legales y políticos.

El conflicto también expone la falta de diálogo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad para resolver el traspaso de competencias judiciales, lo que mantiene en vilo a cientos de expedientes judiciales y a miles de litigantes.

La decisión final podría tener repercusiones de gran alcance en la estructura del Poder Judicial argentino, configurando un escenario de tensión sin precedentes entre los jueces nacionales y el máximo tribunal del país.