El Tribunal Oral de Goya dará a conocer este martes la pena que le impondrá a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, tras haber sido declarado culpable de liderar una asociación ilícita que estafó a 98 personas en Corrientes. Junto a él, también serán sentenciados sus socios Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

El juicio concluyó el viernes con el fallo de los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes hallaron responsables a los acusados de orquestar un esquema de estafa piramidal. Las penas podrían oscilar entre 5 y 15 años de prisión.

El escándalo en la sala de audiencias

Tras el veredicto, Cositorto protagonizó un tenso cruce con los magistrados. Desde el banquillo de los acusados, el empresario lanzó fuertes acusaciones:

"Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!", exclamó, negando las acusaciones de estafa y sosteniendo que "Nunca hubo una pirámide, es una estupidez lo del ponzi".

El juez Carbajal interrumpió sus declaraciones y ordenó a los policías que lo retiraran de la sala con las esposas puestas.

El futuro judicial de Cositorto

Aunque la condena no está firme y las defensas pueden apelar ante la Cámara de Casación, Cositorto deberá regresar a la cárcel de Bower, en Córdoba, donde estaba detenido antes del juicio. Allí enfrentará otro proceso penal vinculado a la causa principal de Generación Zoe, que tramita en Villa María bajo la investigación de la fiscal Juliana Companys.

Durante el juicio, la fiscalía, representada por Rubén Barry y María Eugenia Ballará, sostuvo que Generación Zoe utilizó el auge de las criptomonedas y el coaching financiero como una fachada para engañar a los inversores.

Por su parte, el abogado querellante Pablo Andrés Fleitas argumentó que los acusados planificaron una estafa a gran escala, ofreciendo falsos rendimientos económicos para atraer a las víctimas, quienes quedaron sin respuesta ni devolución de su dinero.

Mientras tanto, la defensa de Cositorto insistió en que no hubo pruebas concretas que lo vinculen con una estafa y calificó el caso como un "incumplimiento de contrato" provocado por la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV).