Las repercusiones por los incidentes en el Congreso continúan, y la jueza Karina Andrade salió al cruce de las acusaciones del Gobierno tras su decisión de liberar a los 114 detenidos durante la marcha de los jubilados. En respuesta a los cuestionamientos, la magistrada porteña negó cualquier vinculación con La Cámpora y argumentó que su resolución también se basó en la falta de capacidad en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.

"Jamás milité en La Cámpora"

Desde el oficialismo, apuntaron contra Andrade, acusándola de tener afinidad con el kirchnerismo. Sin embargo, la jueza rechazó tajantemente esas versiones: "Jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial en Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad) y formo parte de Mafucaba (Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad), como muchos funcionarios judiciales, ya que no hay incompatibilidad", explicó.

Además, defendió su accionar y afirmó que actuó conforme a derecho: "Los jueces y juezas estamos sometidos al escrutinio público, pero lo que hice es lo que debía hacer. Juré cumplir la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos", sostuvo.

La falta de espacio en las alcaidías, otro argumento de su decisión

Andrade también explicó que la capacidad limitada de las alcaidías porteñas influyó en su determinación. Según la magistrada, el sistema penitenciario no tenía lugar suficiente para alojar a las personas detenidas el miércoles en las inmediaciones del Congreso.

Por el momento, el Gobierno insiste en cuestionar el fallo y busca otras vías para endurecer la respuesta judicial ante los hechos de violencia registrados durante la protesta. Mientras tanto, la jueza mantiene su postura y asegura que su decisión fue ajustada a derecho.