El legislador José Cano manifestó su preocupación por la reciente venta de la empresa distribuidora de energía EDET, que se habría concretado sin la aprobación del Gobierno de Tucumán ni del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).

"Estamos ante una operación que podría ser nula de pleno derecho si no se respetaron los mecanismos establecidos por el contrato de concesión", advirtió.

Cano recordó que los artículos 11 y 12 del contrato obligan a informar cualquier modificación societaria de inmediato y a garantizar que la empresa continúe con las inversiones y el abastecimiento de energía, sin importar el cambio de dueños. "No podemos permitir que una empresa clave para Tucumán cambie de manos sin control estatal", enfatizó.

Posible oportunidad, pero con condiciones

Pese a su advertencia, Cano señaló que la venta podría convertirse en una oportunidad si el nuevo grupo empresario cumple con tres condiciones fundamentales:

Garantizar inversiones para mejorar el servicio.
Regularizar su situación con CAMMESA y evitar nuevas deudas.
No desviar los fondos que pagan los usuarios tucumanos hacia otros negocios.

Investigación sobre el grupo comprador

El legislador también exigió que el Gobierno investigue al grupo Edison, uno de los presuntos compradores de EDET. "El grupo financiero propietario habría vendido la distribuidora sin consultar ni obtener el visto bueno del Ejecutivo provincial ni del Ente Regulador", cuestionó.

Según Cano, el 50% de la nueva empresa estaría en manos de un grupo que controla la distribuidora de Río Negro, lo que amerita un análisis de su relación con CAMMESA. El otro 50% correspondería a compañías dedicadas a la fabricación de televisores y alfajores, sin experiencia en la distribución de energía.

Pedido de informes y advertencia al Gobierno

Ante este panorama, Cano anunció que presentará pedidos de informes para exigir claridad en la operación y evitar posibles perjuicios para los usuarios: "El Estado no puede ser cómplice por omisión. Estamos hablando de una empresa estratégica y de los derechos de más de medio millón de tucumanos", concluyó.