La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) evalúa una serie de acciones legales para exigir que Cristina Kirchner devuelva el plus de $5.960.860 que percibió en su jubilación de privilegio por residir en la zona austral, a pesar de vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este extra se le otorgó por su supuesta residencia en Río Gallegos, Santa Cruz, una zona considerada desfavorable para los jubilados.

Según fuentes oficiales, el organismo encabezado por Mariano de los Heros estudia dos alternativas para recuperar este dinero: iniciar una acción de recupero ante la Justicia o presentar una denuncia penal contra la exvicepresidenta, lo que sumaría una nueva acusación al expediente ya abierto por la Fundación Apolo, que denunció a Kirchner por fraude en perjuicio del Estado. Esta causa está siendo investigada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes intentan determinar si hubo una defraudación al erario público por el cobro irregular de la bonificación por zona austral.

la respuesta de la Procuración del Tesoro

Semanas atrás, la ANSES solicitó formalmente la opinión de la Procuración del Tesoro para determinar cómo llevar adelante el procedimiento de recuperación del dinero, al considerar que los pagos por el plus de zona austral fueron "mal realizados". Aunque aún no recibió una respuesta oficial, se espera que esta llegue a mediados de enero, y el organismo planea avanzar con la denuncia a principios de febrero, una vez finalizada la feria judicial.

La denuncia se sumaría a la resolución 1092/2024 de la ANSES, que eliminó la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión correspondiente a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, tras la condena de la exvicepresidenta en el caso Vialidad. Cristina Kirchner apeló esta resolución, lo que podría llevar la situación nuevamente ante la Justicia.

Posibles vías para la acción de recupero

Además de la acción penal, la ANSES evalúa la posibilidad de iniciar una acción de recupero en el fuero de la seguridad social. Según los cálculos preliminares, el organismo podría reclamar la devolución del plus desde la sentencia de la Cámara de Casación Penal, que en noviembre de 2024 ratificó la condena a Cristina Kirchner por el caso Vialidad, que implicó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la ANSES también podría optar por exigir la devolución de los pagos de la bonificación por zona desfavorable desde el momento en que comenzaron las irregularidades en el manejo de los fondos del Estado. Este proceso se remontaría a 2009, cuando, según la Justicia, Cristina Kirchner habría comenzado a maniobrar a través del decreto 54/2009 para desviar fondos hacia el empresario Lázaro Báez.

El monto total de la bonificación por zona austral

Desde que comenzó a percibir su jubilación de privilegio en 2016, Cristina Kirchner recibió pagos millonarios. En 2024, según cálculos de TN, solo por el concepto de "zona desfavorable", la exmandataria cobró aproximadamente $65 millones. Este dinero podría ser objeto de un reclamo por parte del Estado, que considera que el pago de la bonificación es ilegítimo debido a la residencia de Kirchner en CABA.

En total, Cristina Kirchner percibe $2.663.887 mensuales por su jubilación como expresidenta, de los cuales $5.960.860 corresponden al plus por zona austral. Además, la pensión por viudez de Néstor Kirchner asciende a $3.296.973 mensuales, lo que eleva aún más el monto que el Estado podría reclamar por su devolución.

La postura de Cristina y la reacción de la ANSES

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Facundo Fernández Pastor, calificó de "error material" la quita de las jubilaciones y solicitó su restitución a través de un recurso administrativo. La ANSES debe responder a este planteo en los próximos días, y si la exvicepresidenta no obtiene la respuesta que espera, podría recurrir a la Justicia.

El organismo sostiene que la suspensión de las jubilaciones y pensiones de privilegio se justifica por la incompatibilidad jurídica de que una persona condenada por un delito en el ejercicio de funciones públicas continúe recibiendo estos beneficios, en perjuicio del Estado.