La Corte Suprema de Justicia resolvió que Cristina Kirchner deberá enfrentar un juicio oral por encubrimiento agravado relacionado con el Memorándum de Entendimiento con Irán. Este fallo ratifica las acusaciones planteadas en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien denunció a la expresidenta por encubrir a los responsables del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.

El caso había sido cerrado por un tribunal oral federal, pero en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el sobreseimiento, ordenando que Kirchner sea juzgada. Según las investigaciones, el Memorándum con Irán tenía el objetivo de influir en las notificaciones rojas de Interpol que pesaban sobre los acusados iraníes del atentado.

El impacto político y judicial del fallo

Este nuevo revés judicial pone a la líder de Unión por la Patria en una posición crítica desde varias perspectivas:

1. Credibilidad de la denuncia de Nisman: La Corte otorgó peso a la acusación del fiscal Nisman, cuya muerte en 2015 sigue siendo un tema de controversia nacional. Según su denuncia, el Memorándum buscaba encubrir a los responsables del ataque terrorista más grave en la historia de Argentina.

2. Condenas acumuladas: Además de este caso, Cristina Kirchner ya enfrenta una condena confirmada por corrupción en la causa Vialidad. La posibilidad de una nueva condena eleva los riesgos legales y políticos para la exmandataria.

3. Divergencias internacionales: Este fallo la posiciona en un terreno opuesto al del actual presidente Javier Milei, quien ha manifestado una política exterior alineada con Estados Unidos e Israel. El caso refuerza las tensiones entre sus posturas políticas.

Detalles sobre las acusaciones y pruebas clave

La investigación señala que el Memorándum se utilizó como herramienta para alterar las notificaciones rojas de Interpol, favoreciendo a los ciudadanos iraníes imputados. Se habría empleado un sistema de comunicación paralelo y no oficial entre Argentina e Irán, destinado a evitar los canales legales formales durante las negociaciones diplomáticas.

Además, pruebas documentales y testimonios sostienen que Interpol mantenía facultades reglamentarias para modificar unilateralmente el estatus de las alertas. Testigos clave declararán sobre la interpretación de las cláusulas del reglamento de Interpol y su aplicación en este caso. El juicio oral se centrará en determinar si la firma del Memorándum tuvo fines delictivos más allá de su suscripción formal.

 Ante esta situación, la causa regresará a Comodoro Py donde las medidas de prueba fueron proveídas y la prueba admitida