La Justicia archiva la denuncia por la visita de diputados libertarios a represores en Ezeiza y retira la custodia a Lourdes Arrieta

La Justicia desestimó la denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta sobre la visita de diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del juzgado N°2 de Lomas de Zamora, dictaminó que no existió delito alguno en el hecho, lo que llevó al cierre del expediente. 

Arrieta había denunciado a sus compañeros de bloque y a autoridades penitenciarias tras la controvertida visita, que tuvo lugar el 11 de julio pasado. Sin embargo, el juez decidió apartarla de la causa como querellante, manteniendo únicamente la investigación sobre posibles irregularidades en las condiciones de detención de los condenados.

La diputada, quien renunció al bloque de La Libertad Avanza y creó su propio monobloque llamado "Las Fuerzas del Cielo", alegó haber sido engañada por sus pares para asistir a la reunión. En su denuncia, solicitó investigar delitos como coacción agravada y abuso de autoridad, apuntando a varios funcionarios y personajes del entorno político que participaron en la organización del encuentro.

Durante la visita, seis diputados se reunieron con varios represores, entre ellos Alfredo Astiz y otros notables criminales de la dictadura. La diputada Rocío Bonacci fue la única que se negó a participar y mantuvo su distancia, a pesar de que se tomó una polémica foto grupal de la visita.

Arrieta denunció además que durante su visita no se respetaron los controles de seguridad, ya que los diputados ingresaron al penal sin pasar por un detector de metales y con sus teléfonos celulares. Estas afirmaciones fueron respaldadas por videos que evidencian la laxitud de los controles.

El fiscal Sergio Mola había calificado la denuncia de Arrieta como "inverosímil", sugiriendo que su alegato de manipulación no se sostenía, dado su rol como diputada. El juez Kreplak respaldó esta visión, afirmando que la visita de legisladores a un establecimiento público no constituía un delito penal y debía ser resuelta en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario.

Como resultado de la decisión, la custodia de la Policía Federal asignada a Arrieta y su familia fue retirada, dejando en manos del Congreso la responsabilidad de determinar si se requieren medidas de seguridad adicionales para los miembros del legislativo.

La controversia sobre la visita y su posterior manejo sigue generando debate, especialmente en una comisión de Diputados que evalúa posibles sanciones a los involucrados, mientras que la investigación sobre irregularidades en el penal continúa su curso.