La Justicia Federal frena los desmontes en Chaco y pone bajo la lupa al poder político

En una decisión que sacude a la provincia de Chaco, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó este lunes la suspensión de todos los desmontes de bosques nativos en el territorio chaqueño. La magistrada respondió así a una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdAA), que había denunciado graves irregularidades en la gestión de las tierras forestales por parte del gobierno provincial.

El fallo no solo frena los nuevos permisos de desmonte, sino que también detiene aquellos ya autorizados que no se hayan ejecutado. Niremperger exigió al gobierno de Leandro Zdero que adopte medidas inmediatas para supervisar y asegurar que no se realicen actividades que puedan dañar el medio ambiente en las áreas protegidas.

La decisión de la jueza se da en el marco de una investigación que el fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, inició la semana pasada contra el ministro de Producción, Hernán Halavacs. Según la denuncia, Halavacs, quien debía proteger los bosques nativos, facilitó en su pasado como ingeniero agrónomo el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021. Esta situación puso en tela de juicio la transparencia del gobierno provincial y reveló un posible entramado de corrupción que involucra tanto a funcionarios públicos como a empresarios privados.

La gravedad de la situación fue subrayada por Niremperger en su fallo: "El daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, es alarmante. La tala de un solo árbol podría significar un perjuicio no solo para el ambiente global, sino también para todos los seres vivos del lugar, con especial relevancia en las especies en extinción, como el yaguareté".

Además, la jueza destacó que los daños ambientales suelen afectar de manera más intensa a los grupos vulnerables, incluidos pueblos indígenas, niños y personas en situación de pobreza. En este contexto, la denuncia presentada por la AAdAA sostiene que Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco están involucrados en un "entramado de corrupción" que permitió la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia, generando un daño irreversible al ecosistema.

Entre los privados denunciados, destaca la presencia de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, que habría sido beneficiada por las autoridades chaqueñas en esta supuesta maniobra delictiva.

La AAdAA también denunció la existencia de un sistema de "puertas giratorias", en el que las mismas personas alternan roles entre el sector público y el privado, lo que genera conflictos de intereses y facilita la explotación ilegal de los bosques nativos. Este fenómeno, definido por la OCDE como la ocupación sucesiva de altos cargos en ambos sectores, es señalado como un factor clave en la crisis ambiental que enfrenta Chaco.