La Justicia le exigió explicaciones a Bullrich por la visita de diputados libertarios a represores

El escándalo por la visita de cinco diputados del partido La Libertad Avanza a represores detenidos en el penal de Ezeiza sigue escalando. Este viernes, la Justicia pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que informe sobre las características y circunstancias del controvertido encuentro.

El juez del Tribunal Oral Federal n° 5 de CABA, Daniel Obligado, fue quien solicitó estos informes. Obligado presidió numerosos juicios de lesa humanidad, condenando a decenas de represores, entre ellos Alfredo Astiz, un marino integrante del grupo de tareas de la ESMA, que cumple dos condenas a prisión perpetua por crímenes atroces. Astiz fue uno de los visitados por los diputados libertarios.

Desde la asunción de Javier Milei, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasó a estar bajo la jurisdicción del ministerio dirigido por Patricia Bullrich. Esto incluye la Unidad 31 del penal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos los represores.

El pedido de informes de Obligado se suma al realizado anteriormente por el juez Alejandro Slokar, miembro de la Cámara de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. Slokar solicitó al Ministerio de Seguridad que informe, "en carácter de urgente, el trámite administrativo interno que se hubiera suscitado como paso previo a la visita que legisladores nacionales realizaron al mencionado (Alfredo) Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad (...) así también el resultado de dicha diligencia en todo lo relativo a su aprobación".

El contexto se agravó luego de que el canal de noticias C5N difundiera chats entre los legisladores implicados. En uno de los mensajes, el diputado Benedit Beltrán justifica la visita diciendo: "No fuimos a ver represores, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista". Además, Beltrán lanzó una amenaza velada a la Justicia: "Vamos a defenderlos y marcaremos a los jueces que fallan en función de la venganza".

En respuesta, la Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal contra el diputado Beltrán Benedit por "apología del crimen". La CPM considera que las declaraciones de Beltrán niegan los crímenes cometidos por los represores y representan una afrenta a la democracia. "Estas expresiones públicas son constitutivas del delito de 'apología del crimen' y deben investigarse y juzgarse", afirmó el organismo en sus redes sociales.