El presidente Javier Milei tomó la decisión de prorrogar el presupuesto 2023 para el ejercicio 2025 mediante el Decreto 1131/2024, lo que desató una ola de críticas desde la oposición. Este decreto fue interpretado como un intento del Gobierno de eludir el control legislativo, otorgándole al Ejecutivo la posibilidad de manejar los recursos públicos sin la necesidad de un presupuesto aprobado por el Congreso.

La controversia comenzó cuando, el 19 de noviembre, el diputado libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, suspendió la reunión de comisión sin llegar a acuerdos sobre el presupuesto. En ese entonces, Espert defendió la necesidad de mantener la meta del "déficit cero", una condición que no fue aceptada por la oposición, la cual solicitaba la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo. 

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, acusó al oficialismo de intentar "eludir el control legislativo" y advirtió sobre la posible desfinanciación a las provincias bajo el pretexto del déficit cero.

Este lunes, tras la firma del decreto presidencial, el diputado oficialista Lisandro Almirón defendió la prórroga, argumentando que se trata de una facultad constitucional del Poder Ejecutivo para evitar obstrucciones legislativas y decidir cómo y en qué gastar los recursos del Estado.

Sin embargo, la oposición no quedó conforme. La diputada del PRO, Florencia de Sensi, señaló que la falta de un presupuesto aprobado afectaría la credibilidad del país a nivel internacional. Por su parte, Espert aclaró que el presupuesto 2025 solo se discutirá cuando la política acepte tres condiciones: déficit cero, baja del gasto público y sin subas impositivas.

Las dificultades para debatir el presupuesto 2025

A pesar de que el Congreso podría retomar la discusión del presupuesto en marzo de 2025, muchos legisladores de la oposición consideran que existen serias dificultades para que el proyecto avance. Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, destacó la importancia de contar con un presupuesto aprobado para generar confianza entre inversores y organismos internacionales como el FMI. Sin embargo, advirtió que el oficialismo deberá estar dispuesto a negociar con gobernadores y priorizar la estabilidad económica más que la estrategia comunicacional.

Desde la UCR, el bloque Democracia para Siempre, encabezado por el diputado Fernando Carbajal, expresó que las posibilidades de discutir el presupuesto en marzo son casi nulas, acusando al Gobierno de querer disponer libremente de los recursos sin la intervención del Congreso.

Por su parte, desde Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez consideró que la prórroga del presupuesto 2023 es una muestra de que Milei nunca quiso una ley de presupuesto aprobada por el Congreso. En sus declaraciones, Martínez recordó que, en la historia reciente, es la primera vez que el Poder Ejecutivo decide no contar con una ley de presupuesto durante dos años consecutivos, lo que, según él, evidencia el enfoque autoritario del Gobierno.

Reclamos de los gobernadores

Durante los debates sobre el presupuesto, varios gobernadores presentaron sus demandas, que incluían la resolución de deudas con las cajas previsionales, la distribución de impuestos coparticipables y el financiamiento de compensaciones fiscales. Sin embargo, estos planteos fueron rechazados por el Ejecutivo, lo que llevó a la suspensión de la discusión presupuestaria en noviembre.