La oposición dialoguista vuelve a la carga en la Cámara de Diputados con un nuevo proyecto para garantizar el financiamiento universitario. Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron una iniciativa que apunta a asegurar la estabilidad presupuestaria de las universidades nacionales, luego del veto presidencial que frenó un intento similar en 2024.

El proyecto establece una actualización automática de las partidas destinadas a las universidades. Propone que, desde el 1° de enero de 2025, los fondos se ajusten de manera bimestral combinando el 50% de la inflación (IPC), el 25% de la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y el 25% del aumento en las tarifas de servicios públicos.

Además, contempla la reapertura inmediata de paritarias para docentes y no docentes universitarios, apenas se sancione la ley, tomando como referencia la inflación acumulada. También plantea actualizar las becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

"Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país", afirmó Tavela. Por su parte, Ferraro advirtió: "Destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que compromete su funcionamiento y la calidad educativa".

Más control y reparto transparente

Otro punto central del proyecto es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior. Se incorporarían nuevos criterios para distribuir el presupuesto, como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, cantidad de egresados y actividades de extensión e investigación, garantizando equidad regional y transparencia.

La Auditoría General de la Nación (AGN) también jugaría un rol clave: deberá enviar informes periódicos al Congreso para supervisar el uso de los fondos universitarios. Hoy la AGN está encabezada por Juan Manuel Olmos, pero el directorio sigue incompleto por falta de renovación de mandatos en Diputados y el Senado.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diputados como Marcela Antola, Victoria Borrego, Mónica Fein, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot, entre otros.

Contexto: un debate que ya tuvo su veto

El año pasado, el Congreso había sancionado una ley similar que actualizaba las partidas presupuestarias universitarias tomando como base la inflación de 2023 (211,4%) y aplicaba subas bimestrales posteriores. Sin embargo, Javier Milei vetó la norma el 3 de octubre de 2024 y, días después, Diputados no logró reunir los dos tercios para rechazar el veto, por lo que quedó firme.

En paralelo, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otro proyecto que propone una Consulta Popular Vinculante para que la ciudadanía decida sobre el financiamiento universitario. "El ajuste presupuestario busca socavar la autonomía universitaria. Sin recursos, las universidades pierden capacidad de decidir sobre su futuro", advirtió Carro.

En los próximos días, el financiamiento de la educación superior volverá a estar en el centro del debate, en medio de una campaña electoral que ya empieza a calentarse de cara a 2025.