Los diputados aseguran que la represión ocurrida durante las protestas frente al Congreso Nacional fue una acción planificada para silenciar la manifestación pacífica y ejercer coerción sobre los legisladores que acompañaban a los manifestantes. 

La denuncia, que incluye acusaciones por apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.

"Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, expresó que 'lo que vivieron los diputados nacionales de nuestro bloque la semana pasada es un episodio más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes'", señala el comunicado emitido por el grupo político.

La ministra Bullrich respondió a estas acusaciones con contundencia, atribuyendo una frase provocativa a los diputados denunciantes: "Soy diputado, papá". Según Bullrich, esta frase refleja el tono desafiante con el que los legisladores intentaron influir sobre las fuerzas de seguridad y justificar su presencia en la manifestación. Además, la ministra acusó a los diputados de fomentar y avalar la violencia, al tiempo que los tildó de "hipócritas" por presentar una denuncia luego de los hechos.

"Los violentos que quisieron imponerse a la ley ahora tienen la hipocresía de hacer una denuncia. Se meten a darle órdenes a la Prefectura, fomentan y avalan la violencia, usaron el poder diciendo 'Soy diputado, papá', y después los hipócritas te denuncian", manifestó Bullrich desde su cuenta en una red social.

El diputado Leopoldo Moreau, por su parte, fue más allá y calificó a Bullrich como "mercenaria de la violencia estatal", exacerbando aún más el clima de confrontación entre ambas partes.

La denuncia también alcanza al Secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Mario Ventura Barreiro, y al Prefecto General, Guillermo Giménez Pérez, quienes son acusados de haber ordenado la represión sin justificación legal.

En tanto, los legisladores de Unión por la Patria aseguran que cuentan con pruebas contundentes para respaldar su denuncia, incluyendo registros médicos, fotográficos y audiovisuales que documentan los supuestos abusos cometidos durante la manifestación.