El Gobierno se enfrenta a un dilema crucial para completar la Corte Suprema de Justicia. El presidente Javier Milei, respaldado por su entorno cercano, como Santiago Caputo y Sebastián Amerio, busca avanzar con la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a través de un decreto, lo que permitiría que ambos ocupen sus cargos en comisión. Sin embargo, la oposición, liderada por el senador José Mayans, ya advirtió que rechazará esa opción y que cuenta con los votos necesarios para bloquear ambas designaciones en el Senado.

El conflicto se agudiza a medida que la Corte Suprema se queda con solo tres jueces, dos de los cuales mantienen tensas relaciones personales: Horacio Rosatti, el presidente del tribunal, y Ricardo Lorenzetti. Este panorama genera una situación de parálisis, con la necesidad urgente de nombrar nuevos magistrados que puedan garantizar la continuidad del máximo tribunal del país.

Ariel Lijo, juez con amplio respaldo en sectores de la Justicia, es considerado una figura clave para fortalecer el Poder Judicial. En tanto, García-Mansilla es visto por el oficialismo como un defensor de los principios liberales, particularmente en la defensa del derecho de propiedad, lo que lo convierte en una pieza estratégica para el Presidente, quien busca apoyar su "batalla cultural"..

Según la interpretación del Gobierno, el artículo 99, inciso 19 de la Constitución habilita al presidente a nombrar jueces en comisión, los cuales mantendrán sus cargos "hasta el fin de la próxima legislatura", es decir, hasta el 30 de noviembre de 2025. Esto significaría que, aunque la oposición no podría destituirlos antes de esa fecha, las tensiones políticas seguirán abiertas.

El conflicto alcanzará un punto crítico en marzo de 2025, cuando el Congreso retome sus sesiones ordinarias. En ese momento, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Mayans, podría rechazar las designaciones si estas no son previamente consensuadas.

Por otro lado, el oficialismo baraja la posibilidad de presentar un nuevo pliego para García-Mansilla, más aceptable para la oposición, y así lograr una salida negociada. También se analiza la opción de ampliar la Corte Suprema, lo que podría permitir una mayor flexibilidad política en el nombramiento de jueces.

 Con el Congreso entrando en receso a partir de mañana y el período ordinario de sesiones finalizando, Milei tiene hasta marzo para decidir si avanza por decreto o persigue una solución más negociada.