Luego de las amenazas enviadas presuntamente por el narcotraficante Miguel "Miguelón" Figueroa contra el gobernador Osvaldo Jaldo y miembros del Poder Judicial tucumano, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto para que Tucumán adhiera a la Ley Nacional 27.786, conocida como Ley Antimafias. La norma fue sancionada por el Congreso el 20 de febrero y promulgada el 10 de marzo pasado.

"La reciente amenaza del narco condenado Miguelón Figueroa contra el gobernador Jaldo puso en evidencia el poder de intimidación que aún conservan estas organizaciones desde el encierro, y reavivó el debate sobre la necesidad de herramientas jurídicas más robustas", justificó Vargas Aignasse. Según explicó, la ley nacional contempla investigaciones patrimoniales, decomisos anticipados, abordajes estructurales del delito y cooperación entre jurisdicciones.

El legislador señaló que esta medida complementaría otras acciones en curso como la ley de Narcomenudeo, que ya está vigente en la provincia. "Apunta no solo a castigar con mayor eficacia, sino también a proteger las instituciones democráticas del avance del poder mafioso", agregó.

Las amenazas que reactivaron el debate

El 17 de marzo, Figueroa, condenado por dos homicidios y sospechado de liderar una red narco, habría ordenado grabar un mensaje amenazante desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido. La grabación fue enviada por su pareja, Marcela Díaz, a la periodista Mariana Romero y también intentó ser enviada a un periodista de La Gaceta, aunque este último la había bloqueado.

Por este hecho, el fiscal Carlos Picón imputó a Figueroa por amenazas coactivas agravadas y solicitó que Díaz deje de cumplir prisión domiciliaria para pasar a prisión preventiva. El juez Guillermo Di Lella accedió al pedido.

Qué establece la Ley Antimafias

La Ley 27.786 introdujo reformas sustanciales en el Código Penal para reforzar la lucha contra organizaciones mafiosas:

• Organizaciones criminales: Se considera como tal a todo grupo de tres o más personas que operen en un tiempo determinado, con planificación y con el fin de cometer delitos graves. La ley elimina distinciones en las penas por roles dentro del grupo: todos los miembros recibirán las mismas condenas, sin opción de juicio abreviado.

• Investigación especial: La fiscalía federal, procuradurías o el Ministerio de Seguridad pueden solicitar investigaciones especiales sobre áreas geográficas específicas, lo que habilita a adoptar medidas excepcionales para desarticular estas redes.

• Decomiso anticipado: La norma permite confiscar bienes sin condena firme, siempre que existan sospechas fundadas sobre su origen ilícito.

• Medidas extraordinarias: Se habilita la detención de personas por hasta 48 horas -prorrogables a 15 días en casos complejos-, la interceptación de comunicaciones, la inmovilización de activos y el allanamiento de espacios relacionados con causas en curso.

Un clima de alerta institucional

La iniciativa fue recibida con interés en la Legislatura, en medio de un clima de preocupación creciente por el avance del narcotráfico en la provincia. A las amenazas de "Miguelón" se suman hechos recientes de violencia vinculados a bandas criminales, que refuerzan la demanda de un enfoque más estructural y federal para combatir al crimen organizado.

Vargas Aignasse advirtió: "La criminalidad organizada ya no es una amenaza lejana. Se infiltra en la vida cotidiana, en nuestras instituciones y en la política. Necesitamos actuar con decisión, y esta ley puede ser una herramienta clave para eso".