El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán comenzará este lunes la entrega de más de 5 toneladas de alimentos a diversas instituciones de la ciudad de Concepción, en el marco de una operación que busca redistribuir mercadería secuestrada durante una investigación por la venta ilegal de productos destinados a sectores vulnerables.

Los alimentos, que habían sido secuestrados por la Justicia durante allanamientos realizados en una causa que involucra a dirigentes barriales, serán entregados a comedores y hogares de la Iglesia en Concepción. El operativo es una respuesta a una solicitud del Obispado de Concepción, que detalló en una nota dirigida al Ministerio una lista de seis organizaciones civiles que asisten a familias en situación de vulnerabilidad.

El pedido fue realizado por el presbítero Roque Fabián Brito, párroco de la Iglesia Catedral de Concepción, quien destacó la importancia de contar con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social para seguir adelante con su labor. Las instituciones beneficiadas incluyen hogares de Cristo como Madre Inmaculada, Abrazo Maternal, Martín de la Caridad, Morenita del Valle, San José y la Granja Santa Mónica. Estas organizaciones se encargan de brindar almuerzos, meriendas y cenas a personas en situación de calle, embarazadas, madres con niños pequeños y personas en recuperación de adicciones, entre otros.

El listado de alimentos secuestrados incluye productos básicos como leche en polvo, azúcar, harina, puré de tomate, arroz, lentejas, yerba mate, fideos y aceite de girasol. El operativo de distribución comenzará este lunes, con la preparación de los productos para ser entregados a las instituciones solicitantes.

El origen de la investigación y el secuestro de la mercadería

La investigación que derivó en el secuestro de los alimentos comenzó a fines de noviembre, cuando la policía descubrió un gran cargamento de mercadería asignada por el Ministerio de Desarrollo Social a organizaciones barriales, pero que presuntamente estaba siendo comercializada de manera ilegal. Los productos fueron encontrados en una vivienda de Manantial Sur, en el marco de un procedimiento derivado de una causa sobre violencia de género.

Según la fiscal Mariana Rivadeneira, los alimentos secuestrados estaban destinados a ser entregados en módulos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad, pero se sospecha que parte de esos productos fueron desviados y vendidos ilegalmente. En la casa donde se halló el cargamento se encontraron anotaciones con listas de productos y montos de dinero, lo que sugiere una operación comercial clandestina.

Medidas del Gobierno Provincial

A raíz de este escándalo, el Gobierno provincial decidió eliminar a los intermediarios en el reparto de los módulos alimentarios y anunció la implementación de una tarjeta alimentaria a partir de febrero de 2024. Esta medida busca garantizar que los alimentos lleguen directamente a las familias necesitadas, sin el riesgo de ser comercializados por terceros.

El caso sigue siendo investigado por la Justicia, con dos imputados principales, Juan López Cansillieri, de 39 años, y su padre, Alberto Felipe López, de 58, ambos dirigentes barriales de la zona. Además, otros cuatro individuos están procesados por su presunta participación en la maniobra ilícita, mientras que la Fiscalía de Estado actúa como querellante en representación del Gobierno provincial.