El presidente Javier Milei decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario tras la multitudinaria marcha en defensa del presupuesto educativo. En el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno argumenta que el proyecto "afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional". Entre los motivos expuestos, se destacan varios puntos clave que sustentan esta decisión.

Uno de los principales argumentos del veto es la ausencia de previsión presupuestaria. El decreto menciona que la ley "no cuenta con recursos a utilizar para su financiamiento", lo que acarrea "problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada". La Casa Rosada estima que la eventual aplicación de la ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000, lo que generaría una presión financiera sobre el Tesoro Nacional.

El decreto subraya que la implementación de la ley "dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas" del país. En este sentido, se argumenta que la economía debe regirse por reglas claras, y la principal es que "no se puede gastar más de lo que ingresa". Además, se menciona que la Ley de Presupuesto General debe ser la herramienta principal para planificar el financiamiento de las universidades, en lugar de legislar a través de proyectos específicos.

Otro punto destacado en el decreto es que la ley sancionada podría establecer un "privilegio" para el personal de las universidades nacionales en comparación con el resto del personal de la administración pública. El Gobierno enfatiza que los incrementos salariales deben ser discutidos mediante la negociación colectiva, no a través de leyes específicas que podrían alterar la equidad en el sector público.

Negociaciones con las universidades

A pesar del veto, las negociaciones entre el Gobierno y las autoridades universitarias continúan. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantiene conversaciones con líderes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros rectores, mientras que la administración busca un acuerdo dentro de los márgenes del presupuesto aprobado.

La Casa Rosada dejó abierta la posibilidad de discutir una ampliación de las erogaciones en el Congreso, siempre que se respete el déficit fiscal. Sin embargo, las universidades exigen que las discusiones sobre presupuesto sean estables y no se realicen mes a mes. 

La oposición ya comenzó a moverse en respuesta a este veto. Se espera que soliciten una sesión especial el 9 de octubre para debatir la ley de presupuestos universitarios. La situación es compleja, ya que hay una división entre quienes apoyan el veto y quienes abogan por la aprobación del presupuesto educativo. La fragmentación de los apoyos, incluyendo la duda de algunos miembros del PRO y de la UCR, podría influir en el desenlace del debate.