Lourdes Arrieta publicó el proyecto de ley para dejar en libertad a represores

La diputada Lourdes Arrieta encendió una nueva polémica al divulgar el borrador de un proyecto de ley que busca liberar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. A través de su cuenta en X, Arrieta compartió los detalles de la iniciativa que había sido gestada por un grupo de legisladores y abogados afines a su espacio político, con la intención de modificar el Código Penal Argentino para establecer un límite temporal en los procesos judiciales.

El borrador del proyecto, titulado "Derecho a ser juzgado en un plazo razonable", propone incorporar un inciso al artículo 59 del Código Penal, estableciendo que "transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento de un delito, y no se hubiere arribado a una sentencia firme, se extinguirá la acción penal por insubsistencia". Esta medida impactaría directamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976, beneficiando a los genocidas que aún no han recibido sentencia definitiva.

El proyecto también propone una reglamentación que fija un plazo máximo de 25 años para que el Estado llegue a una sentencia definitiva en cualquier acusación penal. Este plazo, según el documento, comenzaría a contarse desde la comisión del ilícito o desde la mayoría de edad de la víctima, con la posibilidad de suspensión en caso de interrupción de la vida democrática en el país.

Arrieta, quien previamente había revelado detalles sobre la controvertida visita de diputados a represores en el penal de Ezeiza, expuso que los documentos habían sido compartidos en un grupo de WhatsApp que ella misma denunció el sábado por la noche. Este grupo incluía a figuras como los legisladores Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, y el ex juez de Casación Eduardo Riggi, entre otros.

Según Arrieta, los impulsores de esta iniciativa justifican el proyecto argumentando que "la doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, la acción debe entenderse agotada". Además, señalan que la política de derechos humanos en Argentina "mira al pasado" y que los procesos de lesa humanidad están congestionando las agendas de los Tribunales Orales Federales, lo que afecta la administración de justicia en otros casos importantes como la corrupción y el narcotráfico.