Manuel García-Mansilla, abogado constitucionalista y candidato propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, se presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura en la Corte Suprema de Justicia. Su candidatura busca reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, quien se retirará en diciembre tras cumplir 75 años.

García Mansilla, de 54 años, llamó la atención debido a sus posturas conservadoras, especialmente su firme rechazo al derecho al aborto. Su candidatura ha sido objeto de 23 impugnaciones, seis adhesiones y dos observaciones, según reportó la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri.

Con una destacada carrera en el sector privado y una sólida trayectoria académica, García Mansilla actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Su especialización en "Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario" es notable, habiendo participado en licitaciones de áreas provinciales de hidrocarburos y asesorado a empresas locales e internacionales en temas relacionados con el derecho público y comercial.

En el ámbito académico, García Mansilla profundizó en la independencia de los poderes constitucionales. Su tesis de máster en Georgetown University, titulada "La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina", critica el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en el país.

El debate en el Senado sigue su curso tras la defensa del juez Ariel Lijo, quien también fue postulado por Milei para la Corte Suprema. Lijo, de 55 años, fue presentado como candidato para el puesto vacante dejado por Elena Highton. A pesar de contar con apoyos y resistencias, la principal controversia ha surgido dentro del oficialismo, con el rechazo de la diputada Victoria Villarruel.

La Comisión de Acuerdos, que decide sobre estas postulaciones, requiere el aval de al menos nueve de sus 16 miembros para avanzar en la votación en el Senado. 

Manuel García-Mansilla subrayó que los jueces deben resolver casos judiciales basándose exclusivamente en la ley y la constitución, sin recurrir a convicciones morales personales. 

"Un buen juez de la Corte Suprema solo puede administrar justicia en el marco de lo previsto en el Art. 112 de la Constitución Nacional" y debe hacerlo "de forma independiente, sin prejuicios, animosidad, con rectitud e integridad", explicó.

García-Mansilla destacó que los fundamentos de las sentencias deben respetar el Estado de derecho. Su objetivo es ser recordado por su integridad, independencia e imparcialidad, asegurando que "mi única aspiración, en el caso de que este Senado me honre, es la de servir a mi país". 

El senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, preguntó a Manuel García-Mansilla sobre la causa en la Corte Suprema referente a la constitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa. García-Mansilla respondió que no podía adelantar su opinión sobre un caso en curso en la Corte, pero aclaró que, aunque las provincias pueden definir sus propios sistemas de gobierno, la reelección indefinida plantea problemas en relación con el régimen republicano de gobierno. 

Durante la consulta del senador Martín Lousteau sobre la "Ley Cafiero", el candidato a la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, destacó que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su poder judicial completo, de acuerdo con el mandato constitucional". Y añadió que luego de 30 años de la reforma de 1994, es necesario cumplir con esta disposición. 

En relación con la dolarización de la economía argentina, García-Mansilla indicó que, aunque no hay un proyecto específico para analizar, "si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, eso sería inconstitucional". Sin embargo, aclaró que "si la dolarización se hace mediante un acuerdo de integración, el proyecto podría ser constitucional". 

Respecto a la ley del aborto, García-Mansilla aclaró que no se pronunció sobre la totalidad de la ley, sino sobre la diferencia entre despenalización y legalización. García-Mansilla también mencionó que hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida, y que se debe analizar la compatibilidad entre normas de diferentes jerarquías.