El presidente Javier Milei postergó la firma del decreto que reglamenta la reforma laboral hasta después de su viaje a los Estados Unidos. Aunque el texto final ya está trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, liderada por Javier Herrera Bravo, el Gobierno no logró firmar la norma la semana pasada como estaba previsto, argumentando "cuestiones administrativas". Se espera que Milei rubrique el decreto el miércoles, a su regreso, para su publicación en el Boletín Oficial el jueves.

El retraso generó preocupación, pero desde la Casa Rosada aseguran que el acuerdo con el ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT) se mantiene firme. 

El Ejecutivo trabaja en ajustes al artículo 97 de la Ley Bases, que regula la contratación de hasta tres trabajadores en emprendimientos productivos sin que exista una relación de dependencia. Según fuentes oficiales, se modificarán algunos puntos del articulado para evitar que se utilice como mecanismo de fraude laboral, impidiendo la creación de unidades adjuntas a empresas para eludir las normas de empleo formal.

La CGT también propuso ampliar el articulado para prohibir la fragmentación de empresas con el objetivo de obtener beneficios, buscando así evitar abusos contra los trabajadores. La central sindical fue un actor clave en las negociaciones, buscando un equilibrio entre los intereses empresariales y laborales.

El artículo más polémico es el 94 de la Ley Bases, que habilita el despido en casos de bloqueos a las empresas. Este punto permite que la participación en bloqueos o tomas de establecimientos configure una "grave injuria laboral", causal para la extinción del contrato de trabajo. La CGT propuso incluir una instancia judicial previa antes de proceder con el despido, y la mesa chica del Gobierno se comprometió a revisar esta sugerencia. Sin embargo, existen diferencias internas sobre la implementación de esta norma y su impacto en el empresariado.

"Estamos afinando el texto con la CGT para asegurarnos de que no genere despidos masivos ni represalias empresariales, pero tampoco que se convierta en un obstáculo para las empresas", comentó un funcionario de la Casa Rosada a TN. El Gobierno busca evitar un tercer paro general y una posible judicialización de la reforma laboral, por lo que mantuvieron conversaciones constantes con referentes sindicales como Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el equipo técnico de Balcarce 50, liderado por José Rolandi y María Ibarzábal, fueron los encargados de delinear el articulado final.