El presidente Javier Milei planea que los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por decreto para integrar la Corte Suprema, sean juramentados por los actuales miembros del máximo tribunal. Desde la Casa Rosada sostienen que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti están "obligados por ley" a encabezar este proceso.

Además, el Gobierno invitará a ambos magistrados a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde ocuparán lugares junto a los demás integrantes de la Corte en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta decisión busca consolidar su presencia en el máximo tribunal, a pesar de las críticas y resistencias de la oposición.

Tensión con el Senado y designación por decreto

La designación de Lijo y García-Mansilla por decreto ha generado un clima de tensión con la oposición en el Senado. Desde el oficialismo aseguran que no se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por lo que no puede ser rechazado por la Cámara Alta. Sin embargo, reconocen que es probable que los senadores opositores rechacen el pliego de García-Mansilla, aunque confían en que Lijo cuenta con las adhesiones necesarias para evitar su veto.

El Gobierno también adelantó que, de ser necesario, volverá a designar jueces por decreto durante el receso legislativo de 2026 si el Senado no aprueba los pliegos. "No pueden voltear el decreto porque no es de Necesidad y Urgencia", afirmaron fuentes oficiales.

Postergación de otras designaciones judiciales

Mientras avanza con la designación de Lijo y García-Mansilla, el Ejecutivo decidió postergar la cobertura de otras vacantes judiciales en el corto plazo. Esto incluye los 150 pliegos de jueces federales pendientes, así como el reemplazo de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación y la Defensoría General, actualmente ocupada por Stella Maris Martínez.

Desde la Casa Rosada descartaron impulsar una ampliación de la Corte Suprema durante 2025, argumentando que ya cuentan con sus jueces designados. "Ya tenemos a nuestros jueces adentro. No nos interesa ampliar. Es una oferta que caducó", expresaron en el Gobierno.