El Ministerio de Defensa oficializó un nuevo protocolo que permite a las Fuerzas Armadas detener a personas en situación de flagrancia en la frontera norte del país. La medida, que se implementará en el marco del operativo "Julio Argentino Roca", apunta a reforzar el control en áreas rurales donde el crimen organizado y el narcotráfico operan con mayor libertad.

Según la cartera que dirige Luis Petri, esta decisión busca respaldar la aplicación del artículo 34 del Código Procesal Penal, que autoriza detenciones sin orden judicial cuando se sorprende a una persona cometiendo un delito. Ahora, las fuerzas contarán con un reglamento detallado para actuar bajo estrictas normas de proporcionalidad y respeto por los derechos humanos.

Detención en flagrancia: pasos obligatorios y límites claros

El protocolo establece que, ante una situación sospechosa, los militares deberán primero identificarse y tratar de evitar la confrontación mediante medios no violentos. Si el uso de la fuerza resulta inevitable, se exigirá una advertencia verbal previa y solo se permitirá actuar en proporción directa a la amenaza detectada.

Disparar a personas o vehículos que intenten huir estará expresamente prohibido, incluso si hay sospechas de delito. El uso de armas letales quedará reservado únicamente para casos extremos de legítima defensa propia o de terceros, y solo si está en riesgo la vida o integridad física. Incluso en esos casos, se recomienda disparar a zonas no vitales, buscando evitar daños irreversibles.

Un FUERTE despliegue militar

Las detenciones realizadas por personal militar deberán ser informadas de inmediato a las fuerzas de seguridad o al Ministerio Público Fiscal, que serán los responsables de continuar con la actuación judicial correspondiente.

El operativo "Julio Argentino Roca" incluye más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con un despliegue activo de hasta 1300 hombres en terreno. Se utilizan drones, radares móviles, helicópteros y un avión Diamond para tareas de monitoreo. Además, los soldados recibieron entrenamiento específico en Reglas de Empeñamiento y contarán con equipamiento actualizado.

Desde el Gobierno aseguran que se trata de una herramienta clave para proteger la soberanía y frenar al crimen organizado en zonas donde el Estado tiene menor presencia. Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores políticos expresaron preocupación por el riesgo de militarización de la seguridad interior.