Para defender su autonomía, la UBA responde con acciones legales a las auditorías de la SIGEN

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido iniciar acciones judiciales para proteger su autonomía tras el anuncio de una auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llevará a cabo en su administración. Este conflicto surge en un contexto donde la UBA defiende su independencia frente a la intervención de un organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Desde el Consejo Superior de la universidad, aseguran que esta medida vulnera la autonomía garantizada por la Constitución.

La defensa constitucional y la postura de la Corte Suprema

La UBA se respalda en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que le otorga autonomía a las universidades nacionales, protegiéndolas de injerencias del Poder Ejecutivo y sujetándolas únicamente al Congreso. Asimismo, la Ley de Educación Superior refuerza esta independencia. Según el rector Ricardo Jorge Gelpi, cualquier intento de la SIGEN por auditar sus gastos sin acuerdo con la universidad representa una violación de estos principios. La Corte Suprema ha reafirmado, en múltiples ocasiones, el derecho de las universidades a ser independientes en su administración y finanzas.

Un sistema de control interno: la respuesta de la UBA

Ante la controversia, la UBA enfatiza que ya cuenta con un sistema de control interno mediante la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo autorizado por Resolución N° 8237/13. De esta manera, la universidad busca demostrar que cumple con las normativas de control, y que la intervención de la SIGEN no solo es innecesaria sino también un riesgo para su autonomía. La Ley de Administración Financiera y la Ley de Educación Superior establecen claramente que el ámbito de la SIGEN está limitado al Poder Ejecutivo, excluyendo a las universidades nacionales.

Reacciones del Gobierno y un polémico tuit de Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la auditoría en redes sociales, subrayando que la ciudadanía merece conocer en qué se invierte el dinero público. El anuncio se produce en medio de un clima tenso para la educación universitaria, con medidas de fuerza en curso y la reciente veto presidencial al financiamiento educativo. Por su parte, el rector Gelpi aseguró que respetará cualquier resolución judicial y remarcó que serán los jueces, y no funcionarios del Gobierno, quienes interpreten la validez de la autonomía universitaria.