Este miércoles 9 y jueves 10 de abril, la CGT encabezará una jornada de protesta de 36 horas que promete paralizar buena parte del país. La movilización comenzará el miércoles al mediodía en apoyo a la marcha semanal de los jubilados frente al Congreso, y desembocará en un paro general de 24 horas desde el primer minuto del jueves.

El Gobierno, en alerta, intenta desactivar la medida presionando al gremio de colectiveros UTA para que no adhiera, escudándose en la conciliación obligatoria dictada por el conflicto salarial que atraviesa ese sindicato.

La UTA, en el centro del conflicto

La Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UTA y las cámaras empresariales, lo que impide al gremio realizar medidas de fuerza por ese reclamo. Sin embargo, desde la CGT remarcan que el paro general no está vinculado a esa disputa, por lo que la adhesión de la UTA no debería estar impedida.

Desde el oficialismo buscan evitar el impacto que tendría un paro con transporte público paralizado. Según fuentes gremiales, el Ejecutivo amenazó con sanciones, pérdida de personería gremial y despidos si el gremio se suma a la medida.

Un reclamo con múltiples ejes

La CGT convocó al paro bajo una extensa lista de reclamos, entre ellos:

• Paritarias libres y homologadas

• Aumento de emergencia para jubilados

• Fin de la represión a la protesta social

• Defensa de la industria nacional y la obra pública

• Presupuesto para salud y educación

• Protección de derechos de los colectivos sociales

A esto se suma el malestar por el declive económico, el acuerdo con el FMI, la represión a jubilados y recientes declaraciones y decisiones polémicas del presidente Javier Milei.

Expectativa por la definición de la UTA

La posición final de la UTA se espera para el martes. Dentro del gremio hay tensiones internas y algunas seccionales provinciales podrían desmarcarse de la postura nacional. En la CGT hay malestar con Roberto Fernández, y ya se habla de posibles sanciones si decide no adherir.

"La expulsión de un gremio está prevista en el reglamento. Nunca se hizo, pero siempre hay una primera vez", deslizó un dirigente sindical.

El Gobierno enfrenta así una semana clave, con protestas que podrían marcar un punto de inflexión en la relación con el movimiento obrero.