La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó duramente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por la situación de las cárceles en la Ciudad de Buenos Aires y las recientes fugas de presos. A través de un comunicado, Bullrich afirmó que el Gobierno nacional "no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta", ya que su principal competencia es combatir los delitos federales.

Además, la ministra cuestionó a la Justicia porteña por "excederse en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales". Bullrich sostuvo que, en caso de verificarse violaciones de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, "debería obligar al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de alcaidías".

El Gobierno porteño responde y pide un acuerdo

En respuesta a las declaraciones de Bullrich, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, envió una carta a pedido de Jorge Macri. En ella, Tapia señaló que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional, "es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados".

"Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal", manifestó Tapia. El ministro porteño también destacó que, desde que Bullrich asumió, la Ciudad ha mostrado "su mejor predisposición para trabajar en conjunto y solucionar un problema que fue heredado de gestiones anteriores".

La disputa por las responsabilidades legales

Tapia rechazó la afirmación de Bullrich de que el Gobierno nacional solo tiene la obligación de recibir entre 60 y 70 detenidos por semana en el Sistema Penitenciario Federal. "Es claramente falaz", expresó, y recordó que "la obligación legal del Servicio Penitenciario Federal; y por ende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es recibir a todos los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad".

Este cruce pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño en materia de seguridad, un tema que sigue generando polémica y que requiere, según el Gobierno de la Ciudad, un acuerdo claro y consensuado para resolverlo de manera efectiva.