El ministro de Defensa, Luis Petri, salió al cruce de las críticas tras la baja de 23 militares retirados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Petri aclaró que la medida no fue una decisión del Gobierno, sino un mandato del Poder Judicial.

"La baja de oficiales retirados no es una decisión política, sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia", explicó el funcionario.

Críticas y defensa de la división de poderes

Petri no dudó en responder a quienes cuestionaron la medida. "Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República", señaló. Y agregó: "Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación".

El ministro también destacó que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, el Gobierno está comprometido con la reconstrucción del país y la revalorización de las Fuerzas Armadas.

El pedido de baja y los militares involucrados

La solicitud de baja fue realizada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien envió el documento a Petri y a los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea. En el pedido, Rodríguez recordó que "la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional".

Entre los militares dados de baja se encuentran nombres como Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá, y otros 20 oficiales retirados. Petri aseguró que esta medida es parte de un proceso más amplio que incluye el desmantelamiento de grupos parajudiciales y el cierre de la CONADI, entre otras acciones.