El Gobierno de Javier Milei anunció a través de un decreto la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida marca un paso importante en el proceso de reconfiguración del máximo tribunal argentino.

La decisión se toma en un contexto de reestructuración judicial

Ariel Lijo, juez de la Cámara Federal de Apelaciones, y Manuel García-Mansilla, exjuez del Tribunal Oral en lo Penal Económico, fueron designados para ocupar los puestos vacantes en la Corte Suprema- La medida fue justificada por el Ejecutivo mediante referencias a la historia judicial argentina, en un intento de dar mayor legitimidad a la decisión.

Mediante un extenso comunicado publicado en la tarde del martes 25 de febrero de 2025, la Oficina del Presidente de la Nación confirmó la designación de los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión llega tras la falta de acuerdo en el Senado para aprobar sus pliegos, lo que motivó que el Ejecutivo tomara la medida por decreto.

El proceso de nominación y la falta de respuesta del Senado

El comunicado señala que, el 20 de marzo de 2024, el Presidente de la Nación había informado su decisión de nominar a ambos jueces y enviar sus pliegos al Senado para su correspondiente acuerdo. Sin embargo, tras haber cumplido con todos los requisitos legales y procedimentales, y dada la falta de tratamiento por parte del Senado durante el período ordinario, el presidente decidió incluir el tema en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, otorgando una nueva oportunidad al Senado para aprobar las nominaciones.

El Gobierno, no obstante, expresó su descontento por la actitud del Senado, señalando que "optó por guardar silencio" frente a los pliegos de los candidatos, a pesar de que estos cumplían con todos los requisitos normativos y se había demostrado la idoneidad de los postulados.

La defensa de la medida basada en la Constitución

En el comunicado, la administración de Milei defendió la medida, escudándose en la Constitución Nacional. La gestión destacó que "es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas". En este contexto, señalaron que el Presidente tiene la facultad exclusiva de seleccionar a los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, y que el Senado solo tiene la responsabilidad de prestar su conformidad o rechazo en base a la idoneidad técnica de los postulantes.

El decreto y la normalización del funcionamiento de la Corte

Como resultado de la falta de acuerdo en el Senado, el Presidente tomó la determinación de designar a García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema "en comisión" hasta la finalización del próximo periodo legislativo. El objetivo de esta medida es "normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país", que, según el Ejecutivo, no puede operar con tan solo tres ministros. Durante este plazo, el Gobierno continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y apruebe los pliegos.

Finalmente, el comunicado concluyó reafirmando que "el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".