El diputado radical, Facundo Manes, había denunciado a Caputo por supuestas "amenazas coactivas" tras un intercambio verbal en el Congreso, al que calificó como "sorpresivo y violento". En su denuncia, Manes reclamó medidas de protección para él y su familia, además de pedir ser querellante en la causa, asegurando que la intervención de Caputo representaba un delito de "amenazas agravadas".

La resolución de la jueza

La jueza Capuchetti sostuvo que el incidente se trató de una confrontación dentro del ámbito político, propia de la dinámica democrática y del Congreso, un espacio destinado al debate y la confrontación de ideas. En su resolución, la magistrada explicó que aunque los intercambios puedan ser intensos o incluso reprobables desde una perspectiva ética, no constituyen necesariamente un comportamiento delictivo.

Capuchetti hizo hincapié en que el Congreso es un espacio institucional que promueve el debate político, por lo que los intercambios, aunque puedan ser ásperos, deben ser entendidos como parte de la confrontación legítima dentro del sistema democrático.

Contexto y justificación de la decisión

La jueza aclaró que el cruce no se originó en una acción unilateral o premeditada de Caputo, sino que fue desencadenado por interrupciones de Manes y otros miembros de su bloque mientras Caputo se dirigía a la audiencia. Por lo tanto, las acciones de Caputo deben ser vistas dentro del contexto del debate público y político, que, aunque a veces acalorado, no necesariamente debe interpretarse como una amenaza o violencia.