El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció en contra del artículo 132 de la Constitución de Formosa, que permite la reelección indefinida de Gildo Insfrán, quien ocupa el cargo de gobernador desde 1995. En un extenso dictamen de 32 páginas, Casal consideró que la modificación constitucional que habilitó la octava candidatura de Insfrán violenta principios fundamentales de la Constitución Nacional.

Casal argumentó que las provincias deben respetar "la limitación del poder", y alertó sobre los peligros que implican las "múltiples reelecciones sucesivas (potencialmente indefinidas)", que, según su criterio, "conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho", ya que la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes.

Este dictamen no es vinculante, pero permite que la Corte Suprema de Justicia intervenga y se expida sobre el caso, que ya cuenta con tres recursos presentados ante el máximo tribunal: uno por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por el senador Francisco Paoltroni, y un tercero impulsado por el diputado opositor Fernando Carbajal, quien fue exjuez en Formosa.

El amparo presentado por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, con la representación legal de Juan Sebastián Montoya, cuestiona la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial. Los amparistas sostienen que este artículo viola el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir la reelección indefinida.

En su dictamen, Casal rechazó los argumentos del gobierno de Formosa, que alegó que el reclamo ya no tendría vigencia al no estar en curso un año electoral. Casal sostuvo que el artículo 132 sigue vigente y que el reclamo es legítimo, ya que aún está en vigor la norma que habilita la reelección indefinida. También refutó el argumento del gobierno provincial sobre una posible reforma constitucional, aclarando que, aunque el proceso de reforma esté en sus etapas iniciales, no existe certeza de que se modifique el artículo 132.

El Procurador también enfatizó que la intervención de la Corte Suprema en este tipo de casos no afecta la autonomía de las provincias, sino que busca garantizar la "perfección del funcionamiento" del sistema republicano y el respeto de los principios constitucionales. Casal recordó que la Corte sostuvo en otras ocasiones que el sistema republicano requiere "la periodicidad y renovación de las autoridades" como elementos esenciales para evitar la perpetuación del poder.

La cuestión de la reelección indefinida y la "alternancia" en el poder sigue siendo uno de los puntos más polémicos del dictamen. Casal destacó que la falta de alternancia "afecta significativamente la separación de poderes" y la existencia de un sistema donde los ciudadanos puedan competir en igualdad de condiciones por el acceso a cargos públicos.