Risas y falta de controles de seguridad: el video de la visita a represores en Ezeiza

El escándalo político en Argentina alcanzó nuevos niveles con la reciente divulgación de videos que muestran la visita de seis diputados del bloque libertario de Javier Milei a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Ezeiza. Las imágenes del 11 de julio, cuando los legisladores fueron captados por las cámaras de seguridad del penal se dieron a conocer.

Los videos revelan que los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci ingresaron al penal sin pasar por el detector de metales y con sus teléfonos celulares en mano, una irregularidad significativa en el protocolo de seguridad. La comitiva, que viajaba en una combi oficial de la Cámara de Diputados, fue recibida por Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason Jr., y Adolfo Donda, entre otros.

A pesar de las imágenes que muestran a los diputados disfrutando de la visita y posando para fotos con los represores, la diputada Rocío Bonacci se distanció del grupo, alegando que fue informada de la verdadera naturaleza de la visita minutos antes de llegar. Según Bonacci, ella optó por no participar activamente en las reuniones con los condenados, mientras que Arrieta, en una notable contradicción, se mostró en fotos con los represores, alegando desconocer a figuras como Astiz debido a su juventud.

El escándalo, que generó una profunda crisis interna en el bloque de La Libertad Avanza, llevó a la renuncia de Lourdes Arrieta, quien denunció haber sido engañada sobre el propósito de la visita. Arrieta, que había sido una figura destacada del bloque, presentó una denuncia penal acusando a sus compañeros de coacción, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. También apuntó a varias figuras dentro del penal y de la Cámara de Diputados, incluyendo al Director Nacional del Servicio Penitenciario y a algunos de sus colegas de bloque.

El impacto de la visita es tal que el fiscal Sergio Mola solicitó desestimar la denuncia de Arrieta, calificándola de pueril, pero se comprometió a investigar las irregularidades en los controles de seguridad del penal.

En medio de este caos, la vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó la situación para reiterar su postura sobre las causas de derechos humanos, enfocándose en la justicia para las víctimas de la guerrilla de la década de 1970.